Declararon nulo el convenio entre IRSA y GCBA para construir torres en Costanera Sur
La Justicia declaró la nulidad del convenio urbanístico firmado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa IRSA.
El Juez Aurelio Ammirato del juzgado en lo Contencioso Nº10 dio lugar a un amparo presentado por organizaciones sociales en las que se solicitaba la nulidad del convenio que autorizaba la construcción de torres de lujo en Costanera Sur, al lado de la Reserva Ecológica y sobre uno de los últimos humedales de la ciudad.
El proyecto que abarcaba 72 hectáreas había sido aprobado hace tres meses por la Legislatura porteña e incluía la construcción de más de 30 edificios de lujo de hasta 145 metros en el acceso al río y una capacidad constructiva total de 895 mil metros cuadrados.
El magistrado dedicó un apartado completo a detallar la importancia ambiental de la Reserva Ecológica Costanera Sur, humedal protegido internacionalmente por la Convención Ramsar. Señaló que se trata de “un gran humedal de invaluable biodiversidad que sostiene la vida en la capital”, que alberga más de dos mil especies animales y vegetales, además de ser “una de las reservas urbanas más grandes de Latinoamérica”.
Consideró tambien que se incumplieron los mecanismos de participación ciudadana, que incluyen audiencias públicas y estudios de impacto ambiental previos al tratamiento legislativo. Ammirato sostiene que “el procedimiento administrativo que condujo a la firma del convenio urbanístico está viciado, en tanto omitió la instancia participativa que la ley impone” y añade que “este vicio del trámite se traslada al convenio que es su consecuencia y a la ley que lo aprobó”.
Además señaló que se eludieron cuatro normas: la Constitución porteña, el Plan Urbano Ambiental (PUA), la Ley 123 (que establece los mecanismos de los estudios de impacto) y el Acuerdo de Escazú.
La causa judicial fue impulsada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), Unidad Popular (UP) y la Defensoría de Laburantes (LA DEFE). Las organizaciones, consideraron que el fallo es “histórico”, ya que “pone en valor la democracia participativa ambiental”.
Estas organizaciones impulsaron a fines del año pasado el espacio El Movimiento – La Ciudad Somos Quienes La Habitamos y desarrollaron campañas como la de “Costanera Verde Pública2 y “Resistencia Verde”.
El convenio urbanístico, que recibió un rechazo casi unánime en la audiencia pública, fue aprobado por la Legislatura, en segunda lectura, el 2 de diciembre de 2021, dando origen a la Ley N° 6476. El holding empresarial, IRSA, de Eduardo Elsztain presentaba al emprendimiento como la “segunda etapa de Puerto Madero”.
