Hubo vigilia en Plaza de Mayo contra el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad
Este martes por la noche, a horas de la sesión de este miércoles, familias, organizaciones sociales y prestadores vinculados a la discapacidad realizaron una vigilia en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada.
La concentración buscó visibilizar el rechazo al veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad y reclamar que la Cámara de Diputados lo revierta en la sesión de este miércoles.
La iniciativa legislativa apunta a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y a garantizar recursos para quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Según explicó Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente de Discapacidad, el proyecto busca “cubrir a las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, que necesitan apoyo social, por una nueva figura de pensión que no está unida a la incapacidad laboral, sino al hecho de la situación de discapacidad y pobreza”.
Otro de los reclamos centrales es la actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, ya que, de acuerdo con Molero, “están desfasados y hoy existe una diferencia de casi un 73% entre lo que cobran y lo que realmente cuesta brindar el servicio”.
La Ley de Emergencia en Discapacidad también incluye medidas como:
- Saldar deudas con prestadores del sistema de salud.
- Actualizar mensualmente los aranceles.
- Mejorar la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
- Realizar auditorías para resolver problemas en la gestión de prestaciones.
- Garantizar el financiamiento de las pensiones por discapacidad.
- Otorgar una compensación de emergencia a prestadores y asignaciones a talleres de producción.
El impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso se ubica entre el 0,22% y 0,42% del PBI. Además, el proyecto contempla el fortalecimiento de talleres protegidos, centros de día y la reafirmación del cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público, una obligación que el Estado aún no cumple de manera efectiva.
