Impulsan una ley para crear un nuevo parque público en Villa Urquiza
Solicitan anular el convenio urbanístico entre el GCBA y el AABE, que permite en el predio de la estación Villa Urquiza construir tres torres de 45 metros y locales comerciales.
Vecinos agrupados en el colectivo Tierras Ferroviarias Verdes impulsan un proyecto de ley para convertir en parque público los terrenos que rodean la estación Villa Urquiza del tren Mitre entre las calles Bucarelli, Triunvirato, Roosevelt y las vias.
Afirman que «de construirse las torres se habilitaría una mayor densidad poblacional con consecuencias perjudiciales en el tránsito y en el estacionamiento, con mayor contaminación ambiental y sonora; sin tener en cuenta las necesidades del barrio de espacios verdes públicos con uso y equipamiento comunitario».
Para evitarlo se necesita derogar la Ley 5911 aprobada por la Legislatura porteña en 2017 ya que la misma avala el convenio firmado entre el Gobierno de la Ciudad y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que «permite en el predio de la Estación Urquiza de 7.923 m2 de superficie, entre las calles Bucarelli, Av. Triunvirato y Roosevelt, lindante a las vías del ferrocarril Mitre; la venta de un lote de 2.774 m2 y la construcción de tres torres de 30.000m2 con una altura de 45 metros y nuevos usos mixtos, comercios, oficinas, gastronomía, con la posible apertura o continuación de calles y veredas» señala el proyecto de ley.
La propuesta de los vecinos incluye tambien “resguardar la potencialidad funcional de su destino original para el mejor funcionamiento de la red ferroviaria y reutilizar las construcciones patrimoniales para actividades educativas y culturales públicas”.
El convenio entre GCBA y AABE modifica la zonificación que figura en el Código Urbanístico (ex Código de Planeamiento Urbano) y pasó de Urbanización Futura (nominación que tenían los entornos ferroviarios) a tener carácter de “Centro local con actividades compatibles con residencia”, según expone el Anexo de la Ley.
Este cambio en la zonificación permite rematar los terrenos para que una desarrolladora inmobiliaria construya las torres.
En la Ley 5911 se habilita la construcción de edificios con una superficie total de 30.000 m2, con hasta 45 metros de altura. Se debían emplazar en el 35% del terreno ferroviario limitado por Roosevelt, Triunvirato, Bucarelli y las vias. “El 65% restante será destinado a espacio público preferentemente parquizado” señala el Anexo.
La gestión nacional anterior, mediante el AABE, puso en remate el inmueble varias veces, tras el desalojo de la Asamblea de Villa Urquiza que funcionaba desde el 2002 en el terreno que perteneció a la pizzería La Ideal. Tambien desalojaron negocios y viviendas que pertenecían a descendientes de trabajadores ferroviarios, pero no tuvieron éxito.
Luego en noviembre de 2019, a pocos días del final de su mandato, Nación transfirió los terrenos a la Ciudad (Ley Nº 6290 ). El Gobierno porteño mediante el Banco Ciudad convocó a otra subasta, que tambien quedó desierta.
Desde la asunción del presidente Alberto Fernández trascendió su voluntad de recuperar varios inmuebles públicos transferidos por el expresidente Mauricio Macri a la administración de la Ciudad por dudar de su legalidad. Uno de ellos es el predio lindante a la estación Urquiza de Triunvirato y Roosevelt.
Desde el Gobierno de la Ciudad aseguran que el traspaso es legal. El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, dijo en su momento a La Nación: «Fue una herramienta de pago con la que Nación abonó obras de su responsabilidad que realizó el Gobierno de la Ciudad. Si no están de acuerdo con esa herramienta les devolvemos los inmuebles contra el pago de aquellas obras».
El Observatorio del Derecho a la Ciudad junto a otras organizaciones denunciaron al ex presidente Macri y al ex titular de la Agencia de Bienes del Estado (AABE), Ramón Lanús, por supuestos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y administración fraudulenta.
En febrero del 2020, previo a la pandemia, el presidente Fernández publicó dos decretos en este sentido. En uno de ellos derogó el artículo que habilitaba a AABE a cancelar deudas con la Ciudad a través de la entrega de inmuebles nacionales. Y en el otro ordenó revisar la legalidad de esos procesos y determinar las responsabilidades administrativas, civiles y penales.
