Jorge Macri cuestionó el fallo que frenó desalojos y defendió la política de recuperación de inmuebles

Jorge Macri cuestionó el fallo que frenó desalojos y defendió la política de recuperación de inmuebles

El jefe de Gobierno porteño criticó al juez Roberto Gallardo y al legislador Pitu Salvatierra tras la resolución que impuso límites a los desalojos administrativos en la Ciudad. Aseguró que la medida no detendrá los operativos de recuperación de propiedades.

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, cuestionó públicamente el fallo judicial del magistrado titular del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N°2 de la Ciudad de Buenos Aires, que suspendió los desalojos administrativos y estableció que, antes de avanzar con cualquier operativo, el Gobierno porteño deberá garantizar una solución habitacional adecuada para las familias afectadas.

A través de sus redes sociales, Macri apuntó contra el juez Gallardo, autor de la resolución, y contra el legislador porteño Pitu Salvatierra, uno de los impulsores de la presentación judicial junto a la diputada Victoria Freire.

“El juez Gallardo y el Pitu Tomatierra se pusieron de acuerdo para defender a los okupas y atacar la propiedad privada”, escribió el jefe de Gobierno, utilizando un tono crítico hacia el magistrado y haciendo un juego de palabras con el apellido del legislador.

Qué dice el fallo

Macri también calificó de “absurdo” al fallo y sostuvo que la decisión judicial no impedirá que la Ciudad continúe con su política de recuperación de inmuebles ocupados. “Si especulan que con este fallo absurdo van a frenar la política de recuperación de propiedades, les aviso que no entendieron nada y están mirando otra película”, expresó.

La resolución judicial, dictada por Gallardo, ordenó al Gobierno porteño abstenerse de ejecutar desalojos sin intervención previa de la Justicia. Además, fijó que solo podrán realizarse medidas excepcionales cuando exista un riesgo concreto vinculado a la seguridad edilicia, la salubridad o el estado constructivo del inmueble.

Incluso en esos casos, la Ciudad deberá garantizar una alternativa habitacional transitoria, inmediata y adecuada para cada grupo familiar. La respuesta no podrá ser genérica: deberá contemplar la cantidad de integrantes, la composición familiar y las necesidades particulares de las personas alcanzadas por el operativo.

El fallo se originó a partir de una presentación realizada por los legisladores opositores Victoria Freire y Pitu Salvatierra (Fuerza por Buenos Aires ) quienes cuestionaron los procedimientos administrativos impulsados por el Ejecutivo porteño y advirtieron que podían dejar a familias sin una alternativa concreta de vivienda.

La medida modifica el escenario para la política de desalojos que viene llevando adelante la administración de Jorge Macri. A partir de ahora, el Gobierno de la Ciudad deberá acreditar la existencia de un riesgo real, contar con control judicial y ofrecer una solución habitacional antes de avanzar con el desalojo.

La respuesta del jefe de Gobierno profundiza el cruce político alrededor de la decisión judicial, en un debate que combina el derecho a la propiedad privada, las políticas de recuperación de inmuebles y la obligación estatal legal y constitucional de asistir a las familias sin techo.  

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