Jorge Macri vetó cuatro leyes aprobadas por la Legislatura porteña

En menos de dos semanas, el Ejecutivo intervino total o parcialmente en cuatro leyes sancionadas por el cuerpo legislativo, todas vinculadas a áreas sensibles. Se tensa la relación con la oposición.

El medio de las fiestas por la Navidad y Año Nuevo, Jorge Macri, vetó total o parcialmente cuatro leyes impulsadas por el peronismo y el radicalismo y aprobadas por la Legislatura. Todas ellas vinculadas a áreas sensibles: niñez, adolescencia, salud mental y coordinación metropolitana. Lo formalizó mediante decretos del Poder Ejecutivo y alteran el contenido de normas votadas entre fines de noviembre y principios de diciembre.

Fuentes de la administración local indicaron que las iniciativas invaden o duplican competencias del Poder Ejecutivo y carecen de viabilidad técnica o presupuestaria. La medida generó malestar en la oposición, que acusó al mandatario porteño de gobernar “en minoría sin respetar los consensos construidos”.

Leyes vetadas en forma total o parcial:

El primer veto fue total y dejó sin efecto la ley que proponía crear “Puntos de Encuentro Seguros” para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. El proyecto buscaba abrir canales de comunicación directa con el Estado a través de dispositivos táctiles, que permitirían contactar de forma inmediata a la Línea 102, dependiente del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La iniciativa apuntaba a mejorar la detección temprana de situaciones de riesgo, pero no llegó a entrar en vigencia.

El segundo veto fue parcial y afectó artículos centrales de la ley que establecía la realización de un estudio epidemiológico extraordinario sobre salud mental en toda la Ciudad. El relevamiento contemplaba datos actualizados sobre población adulta, infancias y adolescencias, con foco en el escenario posterior a la pandemia. También incorporaba variables sociales, económicas, políticas y culturales, varias de las cuales fueron eliminadas por el decreto del Ejecutivo.

La tercera intervención parcial impactó en una ley de amplio alcance que fijaba estándares de calidad del cuidado para hogares de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, tanto públicos como privados.

Jorge Macri vetó los artículos 8°, 9°, 10, 11, 13, 28, 29, 30, 32 y 33 del proyecto de Ley 6.900, aprobado el 27 de noviembre de 2025. Los artículos eliminados incluían funciones clave de la autoridad de aplicación, cambios en los Códigos de Habilitaciones y Edificación, pautas de personal, condiciones de seguridad, acceso a sistemas de información como el LUNNA y disposiciones presupuestarias. Con el veto, el texto definitivo quedó sin varios de los compromisos regulatorios y operativos más exigentes para el Gobierno porteño.

El texto original había sido pensado como un marco integral basado en principios como el interés superior del niño, la autonomía progresiva, la no discriminación y la participación. Incluía lineamientos sobre salud, educación, alimentación, identidad, vínculos familiares, formación de cuidadores, condiciones edilicias y mecanismos de control. Tras el veto, parte de ese esquema quedó reducido.

La justificación oficial:

En el decreto publicado el 30 de diciembre, el Gobierno de la Ciudad argumentó que ese consejo implicaba una superposición con estructuras ya existentes y que, aun sin remuneración, podía generar un uso innecesario de recursos humanos y materiales. También sostuvo que la creación de un nuevo órgano podía fragmentar los canales de participación y reducir la eficacia de la intervención ciudadana.

En conjunto, los cuatro vetos modifican leyes aprobadas recientemente por la Legislatura y marcan un nuevo escenario en la relación entre el Ejecutivo porteño y el Poder Legislativo, con impacto directo en políticas sociales, sanitarias y de articulación regional.

A estas decisiones se sumó el veto parcial a la Ley 6.859, orientada a reforzar el enfoque metropolitano en las políticas públicas. Aunque se mantuvo la mayor parte del articulado, el Ejecutivo eliminó el artículo que creaba el Consejo Consultivo Metropolitano, un espacio honorario de participación ciudadana. La ley buscaba fortalecer la coordinación con la Provincia de Buenos Aires y los municipios del área metropolitana en temas ambientales, de movilidad, planificación y gestión.