La Justicia ordenó al GCBA garantizar la educación a personas con discapacidad mayores de edad
La Defensa pública de CABA había pedido proteger «los derechos de las personas mayores de 22 años con necesidades educativas especiales».
El titular del Juzgado N° 23 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Francisco Ferrer, hizo lugar al amparo interpuesto por padres de los alumnos afectados, (patrocinados por la Defensa Pública), por la disposición que rige desde el ciclo lectivo 2022 del Ministerio de Educación porteño tras evaluar que “violó el derecho a la participación de la comunidad educativa”.
La resolución ministerial redujo la edad a 22 años como tope para el egreso de los estudiantes de las instituciones escolares del distrito porteño, a las que asisten personas con discapacidad y en las cuales realizan talleres de repostería, panificación, carpintería, artesanías, huerta, educación física, música, danzas folklóricas y reforma de indumentaria, entre otros.
La medida impactó fuertemente en las familias de alumnos/as que asistían a las escuelas especiales de formación laboral hasta los 30 años de edad ya que fueron notificadas pocos meses antes que aquellos que superaran los 22 años “dejarían de pertenecer al sistema escolar, sin posibilidad de continuidad en el ámbito de la Ciudad”, según expresaron ante la Justicia.
Asimismo, afirmaron que se vieron perjudicadas por la eliminación de los servicios adicionales como el comedor y el transporte hacia los centros educativos.
A dos años de aquel momento, la justicia porteña determinó que “corresponde ordenar al Gobierno porteño que garantice a las personas con discapacidad mayores de 22 años el ejercicio de su derecho a una educación inclusiva, organizando la oferta educativa en las escuelas para jóvenes y adultos con discapacidad en adecuación de modo que cumpla con los parámetros establecidos por el marco convencional, constitucional, legal y reglamentario”.
El magistrado ordenó «ofrecer cursos y talleres debiendo para ello cumplir tres condiciones: la existencia de vacantes disponibles para todas las personas interesadas; garantizar una carga horaria previsible y razonable de cursos y talleres, en términos de carga diaria y frecuencia semanal, y garantizar el servicio de transporte y alimentación”.
El colectivo de estudiantes, docentes y familias «Unidxs por la Educación Especial» presentó, el año pasado, en la Legislatura porteña un proyecto para «garantizar las trayectorias educativas» en la red de escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires a niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad a partir de los 6 años y sin límite de edad.
Ahora, en el marco del amparo patrocinado por el MPD, la justicia convoca a presentarse a todas las personas interesadas en el juicio sobre las escuelas especiales de formación laboral de CABA.
Para presentarse: dirigirse al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA N° 23, a cargo del Dr. Francisco Ferrer y la carátula es “Villar, Eliana Patricia y otros contra GCBA sobre amparo-educación-otros” (EXP 35231/2023-0).
Dirección: Av. Roque Sáenz Peña 636 – piso 8 contrafrente
Por consultas: comunicarse con la Defensoría Nº 5 a cargo de la Dra. Giselle Furlong Pader (i)
Teléfono: 7091-3705
