La justicia ordenó que se suspenda la obligación de dar clases presenciales a docentes mayores de 60 años
Desde UTE presentaron amparos judiciales para evitar que docentes que superaran esa edad debieran asistir a las escuelas. Finalmente, el mismo día del comienzo de clases, el Ministerio de Educación de la Ciudad publicó una resolución que les permite solicitar hacerlo de manera remota.
En el marco de un amparo presentado por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el Juzgado de Primera Instancia en lo Contenciosos Administrativo y Tributario, a cargo de Elena Liberatori, ordenó que se “suspenda la obligación de impartir clases de modo presencial” en el caso de docentes mayores de 60 años.
En los fundamentos de la medida, que se conoció ayer, se indica que “la obligación de asistir de forma presencial a mayores de 60 años, sin contar aún con la correspondiente vacuna y en el contexto epidemiológico actual, luce prima facie, en este estado larval del proceso, como irrazonable a partir del marco normativo nacional”.
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires autorizó a trabajadoras y trabajadores del Ministerio de Educación, mayores de 60 años, a realizar tareas remotas hasta que reciban la vacuna. A través de la Resolución 591 publicada ayer en el Boletín Oficial, se exime al personal de trabajar de manera presencial.
La medida firmada por el subsecretario de Carrera Docente, Manuel Vidal, abarca tanto al personal docente como no docente. Según el texto, “se propicia autorizar que las tareas de los trabajadores y trabajadoras mayores de sesenta (60) años, de edad, sin comorbilidades, del Ministerio de Educación, que así lo soliciten, puedan prestarse en forma remota, transitoriamente, hasta tanto se encuentre disponible para dichos trabajadores/as la posibilidad de recibir la vacuna contra el COVID-19 (Coronavirus)”
Para ello deberán avisar a través de un correo electrónico y quienes integren el grupo de riesgo deberán pedir el Permiso de Ausencia Extraordinario al Lugar de Trabajo.
La semana pasada, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) presentó amparos masivos para frenar el trabajo presencial en este grupo. Desde el gremio indicaron que enviaron alrededor de 500 presentaciones a los tribunales porteños para evitar que mayores de 60 años o quienes convivan con personas del grupo de riesgo asistan a las escuelas.
