Nueva movilización de jubilados al Congreso en medio de un fuerte operativo de seguridad
A pesar de la represión del miércoles pasado, organizaciones de jubilados acompañados por gremios, universitarios y organismos de derechos humanos retoman la protesta.
Este miércoles, los jubilados volvieron a movilizarse frente al Congreso de la Nación por una mejora en sus salarios y en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vinculado al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que el oficialismo busca aprobar en la Cámara de Diputados. La manifestación se da en un clima de tensión tras la represión policial del pasado miércoles.
“Estamos siendo el catalizador de una reacción más amplia, porque esta angustia que sentimos está en toda la población. Es muy difícil soportar este ajuste desmedido”, aseguró Adela, del Encuentro de Jubilados y Asambleas, en la conferencia de prensa de las organizaciones de adultos mayores que convocan la protesta.
El despliegue de seguridad en las inmediaciones del Congreso es masivo: más de 2.000 efectivos forman parte del operativo encabezado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Entre ellos, se encuentran 900 agentes de la Policía de la Ciudad, 720 de la Policía Federal y aproximadamente 400 miembros de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. Como parte de las medidas preventivas, el edificio legislativo y sus alrededores fueron vallados en un radio de 100 metros, restringiendo el tránsito vehicular y peatonal.
En paralelo, durante la mañana, las pantallas de las estaciones de trenes exhibieron un mensaje oficial con una advertencia sobre posibles incidentes: «Protesta no es violencia. La Policía va a reprimir todo atentado contra la República». La misma consigna también fue reproducida por los altoparlantes de las terminales ferroviarias, lo que generó fuerte repercusión en redes sociales.
Los golpes, los gases y las heridas provocadas por la represión de la semana pasada no lograron detener a muchos de ellos que vuelven a marchar. Entre las que volverán estará Beatriz Blanco, la mujer de 81 años golpeada brutalmente por un policía y acusada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich de ser en realidad la que provocó al efectivo al golpearlo con su bastón. «Es mentira lo que dijo Bullrich de que le pegué diez palazos, yo ni lo toqué al policía”, dijo a Página/12 Beatriz, el domingo pasado.
También, tras el ataque al fotógrafo Pablo Grillo, se buscó identificar al responsable del disparo de gas lacrimógeno que dejó al joven internado y en grave riesgo. Para la identificación de los posibles responsables se utilizaron imágenes captadas por drones. Para este miércoles el gobierno decidió prohibir el uso de drones a través de una resolución que publicó en el Boletín Oficial.
Asimismo. el CELS presentó un recurso de amparo contra el protocolo antipiquetes de Bullrich y si bien el juez federal Martín Cormick rechazó la cautelar solicitada, avisó que junto a sus colaboradores estará presente en la zona del Congreso para «observar presencialmente con suma atención todo lo que allí suceda a efectos de incorporar de oficio toda prueba relativa»… a resolver el pedido de inconstitucionalidad del protocolo.
La ministra Bullrich presentó ante la justicia un pedido de detención de 29 personas que, según señaló, fueron responsables de los «disturbios» de la semana pasada. «Tenemos pruebas y las presentamos. Le pedimos al fiscal la detención de estos 29 barrabravas violentos, que atacaron al Congreso y a nuestras Fuerzas con palos, piedras y armas», afirmó la funcionaria a través de su cuenta de la red social X a lo que sumó un video con los rostros de los supuestos barrabravas a los que quiere excluir de los partidos de fútbol.
La decisión del Gobierno de reforzar el operativo y la comunicación oficial en espacios públicos ha sido interpretada por sectores opositores y organizaciones sociales como un intento de disuadir la movilización. En este contexto, se espera una jornada de alta tensión en las calles mientras se desarrolla el debate legislativo.
