Rechazo masivo al proyecto de IRSA en la ex Ciudad Deportiva
La audiencia pública convocada por la Legislatura porteña finalizó este lunes con un total de 2.593 inscriptos. Participaron 849 oradores, de los cuales 835 rechazaron las llamadas «torres de lujo».
La audiencia pública convocada por la Legislatura porteña para que los habitantes de la Capital Federal opinen sobre el proyecto inmobiliario que la empresa IRSA, con el apoyo del Gobierno de la Ciudad, quiere construir en la ex Ciudad Deportiva de Boca, finalizó este lunes con un total de 849 oradores de los cuales 835 rechazaron las llamadas «torres de lujo».
El dato se desprende de un relevamiento realizado por la campaña «Costanera Verde Pública», que reúne a organizaciones ambientales y políticas como el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires, La Defensoría de Laburantes y la CTA-Autónoma, entre otros.
La audiencia tuvo en total 14 jornadas y comenzó el 15 de octubre último, y de acuerdo al relevamiento, solo 14 oradores se manifestaron a favor del proyecto de IRSA.
El proyecto de IRSA para la ex Ciudad Deportiva consiste en un nuevo barrio, «Costa Urbana», que tendría unas 6.000 viviendas, además de comercios, hoteles y un amarradero de yates. Ocuparía 24 hectáreas de las 71 que tiene el predio, ubicado a orillas del Río de la Plata y lindero con la Reserva Ecológica Costanera Sur.
Los vecinos advirtieron que «Costa Urbana» contribuirá a encarecer el valor de la vivienda en la ciudad, ya que, por su cercanía con Puerto Madero, se proyecta como un barrio de lujo.
«Este tipo de proyectos encarecen las tierras, profundizando la crisis habitacional, porque con viviendas más caras, los alquileres son más caros y el resultado es la gentrificación», afirmó Fernanda Freijomil.
«Humedal sí, torres no. No al pacto Rodríguez Larreta-IRSA. No a la especulación inmobiliaria, sí a la vivienda popular y digna», dijo otro de los oradores, Esteban Paulino García, de la Comuna 4.
Graciela Falivene, investigadora y docente de la Universidad de Concepción del Uruguay señaló «Los humedales, en su estado natural, cumplen funciones de vital importancia para el medio ambiente y la salud que son imposibles o costosas de reemplazar». Entre esas funciones, Felivene mencionó las de «proteger la calidad del agua» y «proporcionar un medio natural de control de inundación».
Otra oradora, María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, apuntó que «los humedales permiten el ingreso de los vientos y las brisas desde la costa para mitigar el efecto de isla de calor urbana».
Ambas profesionales advirtieron que el barrio de IRSA afectará a la Reserva Ecológica, un humedal protegido por normas internacionales, ya que es uno de los sitios de la Convención Ramsar, un tratado intergubernamental establecido por la ONU para preservar estos ecosistemas.
Muchos de los ciudadanos que intervinieron en la audiencia indicaron que, «según la Constitución de la Ciudad, la ribera porteña del Río de la Plata debe ser pública y de acceso irrestricto», además de que obliga al Estado local a «preservar e incrementar» los espacios verdes costeros.
La argumentación de IRSA
Según informa en su sitio web, con el proyecto «Costa Urbana» se busca «completar el desarrollo urbano de Puerto Madero» a través de un «nuevo vecindario que pretende aumentar el nivel general del área».
En una jornada anterior de la audiencia pública el arquitecto Enrique Fornieles, defendió el proyecto del grupo empresarial de Eduardo Elsztain, y cerró su exposición con una particular conclusión: «Dicen que este proyecto va a ser para ricos, sí, va a ser para ricos, pero las brutas tasas municipales que van a pagar los que vivan ahí serán en beneficio del resto», dijo el arquitecto.
El convenio urbanístico entre IRSA y el Gobierno de la Ciudad contempla que, a cambio de la autorización para construir edificios de hasta 45 pisos, en un predio habilitado actualmente solo para equipamiento deportivo, la empresa cederá una parte del terreno como espacio público y se encargará de su mantenimiento por 10 años. Además, dará una contraprestación económica al Ejecutivo local.
Hasta el momento, los únicos beneficios constatables son los de IRSA, se calcula que el predio que compró en 1997 por 50 millones de dólares pasará a valer más de mil millones, a razón de unos 6 mil por metro cuadrado construido. Solo con el dictamen de comisiones, del proyecto que prevé el cambio de usos deportivos a inmobiliario, IRSA registró un aumento de sus acciones del 28 por ciento.
Al respecto, Viviana Miglioli, integrante del Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas, dijo que «este acuerdo es desventajoso para la Ciudad de Buenos Aires, para la calidad de vida de sus habitantes, sus intereses materiales y ambientales; además de que viola toda la legislación posible y carece de legitimación por parte del pueblo».
El gobierno de la Ciudad está obligado legalmente a realizar estas audiencias, que a pesar de no ser vinculantes permiten expresar el rechazo generalizado de la población a este tipo de iniciativas.
