Clubes de barrio: avanza un régimen especial de regularización
La Legislatura porteña dio sanción inicial a un proyecto que busca facilitar la regularización administrativa y edilicia de clubes y asociaciones civiles. La iniciativa contempla simplificación de trámites, condonación de determinadas sanciones y créditos preferenciales para realizar obras de adecuación.
Los clubes de barrio de la Ciudad de Buenos Aires podrían contar con un régimen especial para ordenar situaciones administrativas, edilicias y de habilitación que, en algunos casos, se arrastran desde hace años.
La Legislatura porteña aprobó en primera lectura un proyecto que crea un Régimen Especial de Adecuación y Regularización para Clubes de Barrio. La iniciativa obtuvo 53 votos afirmativos durante la sesión del 3 de septiembre y todavía deberá completar el procedimiento legislativo antes de convertirse en ley.
La propuesta impulsada por organizaciones que agrupan a los clubes de barrio porteños y apunta a instituciones deportivas, recreativas y sociales de carácter comunitario y busca establecer un mecanismo progresivo para que puedan regularizar documentación, obras e instalaciones sin quedar expuestas inmediatamente a sanciones por incumplimientos exclusivamente formales.
Con la sanción inicial, el proyecto deberá continuar ahora con el procedimiento legislativo correspondiente antes de convertirse en ley.
Qué clubes podrán acceder
El régimen está pensado para clubes de barrio y asociaciones civiles con actividad deportiva o social y una fuerte vinculación con la comunidad donde funcionan.
Entre los requisitos previstos se establece:
- Acreditar al menos diez años de funcionamiento en la Ciudad
- Desarrollar actividades de carácter comunitario y no profesional
- No tener como actividad principal la explotación comercial de sus instalaciones o eventos.
Quedarán excluidas las instituciones consideradas grandes contribuyentes por la AGIP, las que tengan estructuras económicas de gran escala o aquellas cuya explotación comercial resulte incompatible con el carácter barrial y social del régimen.
De aprobarse definitivamente, la medida podría alcanzar a instituciones de distintos barrios porteños, incluidas aquellas de Villa Ortúzar y el resto de la Comuna 15 que cumplan con las condiciones establecidas.
Condonación de multas y deudas administrativas
Uno de los principales puntos del proyecto es la posibilidad de condonar deudas, multas, recargos e intereses de carácter administrativo originados en obras realizadas sin habilitación, trámites incompletos o incumplimientos formales de normas edilicias y urbanísticas.
El beneficio no se aplicará cuando existan irregularidades graves relacionadas con la seguridad, salubridad, riesgo estructural, usos prohibidos o peligro para terceros.
Durante el proceso de regularización también podrán suspenderse clausuras, sanciones o ejecuciones cuando hayan sido dispuestas exclusivamente por problemas formales de habilitación o documentación.
Un certificado transitorio por hasta 360 días
Las instituciones que ingresen al régimen podrán obtener un Certificado Transitorio de Regularización Administrativa y Funcionamiento, que les permitirá continuar funcionando mientras completan las adecuaciones correspondientes.
El certificado tendrá una vigencia de 360 días y podrá prorrogarse una sola vez por un período similar cuando la demora no sea responsabilidad de la institución. No equivaldrá a una habilitación definitiva.
A su vez, los clubes deberán presentar un plan con las obras, documentación y medidas necesarias para avanzar hacia su regularización definitiva.
El proyecto establece también un mecanismo de “silencio positivo”: si la autoridad de aplicación no formula observaciones ni rechaza la solicitud dentro de los 60 días hábiles previstos, el certificado se considerará otorgado a los efectos del régimen. Esto no exime al club de cumplir las normas de seguridad y salubridad.
Créditos para realizar las obras
La iniciativa incorpora además la posibilidad de que los clubes accedan a líneas de crédito del Banco Ciudad en condiciones preferenciales. El financiamiento estará destinado a realizar las obras y mejoras necesarias para adecuar las instalaciones, corregir irregularidades preexistentes y cumplir con el plan de regularización de cada institución.
El objetivo es que la exigencia de regularizar un edificio no quede limitada únicamente a una obligación administrativa, sino que las entidades puedan contar con herramientas financieras para afrontar las reformas necesarias.
Las condiciones de seguridad seguirán siendo obligatorias
El régimen busca distinguir entre una falta documental o administrativa y una situación que implique un riesgo concreto.
Por ese motivo, no podrán acceder a estos beneficios los establecimientos que presenten riesgos estructurales graves, problemas importantes de prevención de incendios o clausuras vinculadas con la seguridad y la integridad de las personas.
La Agencia Gubernamental de Control podrá realizar inspecciones durante el período de regularización y revocar el certificado si detecta información falsa, incumplimientos graves o situaciones que pongan en peligro a quienes utilizan las instalaciones.
Cabe aclarar que el proyecto todavía no está vigente. La iniciativa recibió sanción inicial, deberá ahora completar las próximas instancias antes de obtener la aprobación definitiva y, posteriormente, reglamentarse para solicitar los beneficios.
El proyecto fue impulsado por organizaciones que agrupan a los clubes de barrio porteños: Fedeciba, la Confederación Argentina de Clubes, Fedecid, Ficba, Fescbu, Osecba, el Observatorio de Clubes de la UMET, el Foro Social del Deporte, la Red por el Deporte y la Inclusión Social y FODA. También participaron los consejeros asesores del Deporte: Ana Rodríguez y Juanchi Bruera, junto con la Comisión de Turismo y Deportes de la Legislatura, presidida por el diputado Claudio Ferreño.
