El oficialismo descarta la Oficina Anticorrupción en la Ciudad
La iniciativa del Frente de Todos fue rechazada en la legislatura y crearán un Régimen de Integridad Pública en la Ciudad que está a un paso de ser ley.
En la Legislatura de la Ciudad, el oficialismo descartó de plano la creación de una Oficina Anticorrupción, que propuso el Frente de Todos, y se dispone a avanzar en un Régimen de Integridad Pública, con el objetivo de «controlar» y brindar «transparencia» al Ejecutivo.
La iniciativa de la coalición Vamos Juntos fue elaborada por Cecilia Ferrero y debatido en una comisión conjunta de Asuntos Constitucionales, Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, y Legislación General. Obtuvo dictamen y será tratado en el recinto el próximo jueves.
La diputada defendió y explicó su proyecto, que fue tomado como base para introducirle modificaciones y aportes de otros legisladores en la búsqueda de consenso. “La ley de ética pública de 2013 ha quedado corta en relación con los estándares internacionales”, indicó. “La integridad pública significa un estándar superior a la ética y requiere precisar las responsabilidades institucionales”, afirmó luego.
Se planea crear una Oficina de Integridad Pública en cada uno de los poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), “las que actuarían como autoridades de aplicación y cumplirían un rol estratégico de prevención”, se explicó en la reunión.
Ferrero indicó en su cuenta de Twitter que «tras meses de trabajo, consensuamos una ley que brinda herramientas con altos estándares de transparencia para los funcionarios públicos. ¡Muy agradecida por el consenso logrado!».
Desde el Frente de Todos criticaron duramente lo sucedido. El proyecto fue cuestionado por el peronismo que no logró que se incorporen modificaciones radicales como que se investigue y prevenga las irregularidades cometidas en la función pública.
Para el bloque opositor, una oficina de Régimen de Integridad Pública “es una iniciativa limitada que no cumple con el espíritu de nuestro proyecto que busca establecer una Oficina Anticorrupción para investigar, querellar y prevenir delitos en la función pública y que sea independiente del poder de turno”.
En 2018, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, había dado el visto bueno para avanzar en la creación de una Oficina Anticorrupción en la Ciudad, para convertir a la Ciudad en una de las pocas jurisdicciones con ese sistema, sin embargo la idea quedó en la nada.
En ese marco, el legislador Santiago Roberto (FdT) manifestó que «los diputados del PRO no tomaron ninguna de las propuestas de nuestro bloque para crear una Oficina Anticorrupción que investigue y prevenga las irregularidades cometidas en la función pública. En lugar de eso le dieron dictamen a su proyecto de Régimen de Integridad Pública que no es una oficina independiente del poder de turno ya que la persona a cargo será nombrada por el Jefe de Gobierno».
«Esta iniciativa parlamentaria se centra meramente en el armado de oficinas administrativas, que de hecho ya existen y son autoridad de aplicación de la actual ley de Ética, dejando de lado las facultades investigativas y la posibilidad de querellar. Además, es un retroceso respecto de la Ley vigente que establece que los cargos son por concursos públicos y lo que ahora proponen es que sea designado a dedo por la autoridad que debe ser controlada».
«Estamos perdiendo la posibilidad de tener una Oficina Anticorrupción autónoma y que brinde transparencia para lograr una mejor calidad institucional. Porque la bandera de la lucha contra la corrupción se proclama, pero también se tiene que hacer carne en propuestas concretas», arremetió el legislador peronista.
Además, desde el Frente de Todos remarcaron la necesidad de rever el artículo 46 de la iniciativa «porque está redactado de una manera ambigua y no se entiende el objeto del mismo».
A la fecha hay presentadas siete iniciativas de diferentes bloques y hasta de legisladores de un mismo espacio vinculadas a la temática. Luego de varios debates de asesores, la propuesta final pasó a ser tratada en una comisión conjunta entre Asuntos Constitucionales, Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, y Legislación General y tiene dictamen para ser tratada en el recinto y que se convierta en ley.
