La Ciudad clausuró dos corralones en La Carbonilla para frenar las construcciones en altura
Los comercios estaban ubicados sobre la calle Trelles al 2600 y, según el Gobierno porteño, abastecían de materiales a obras irregulares dentro del asentamiento de La Paternal. La medida se suma a los controles implementados recientemente para restringir el ingreso de materiales de construcción al barrio.
El Gobierno de la Ciudad clausuró dos corralones de materiales ubicados en el asentamiento La Carbonilla, en La Paternal, como parte del operativo con el que busca impedir nuevas construcciones en altura y reducir situaciones de hacinamiento y riesgo estructural. Los establecimientos funcionaban sobre la calle Trelles al 2600.
Según informó la administración porteña, un relevamiento realizado en el barrio detectó que continúan levantándose construcciones sobre edificaciones existentes. El informe oficial señaló estructuras que van desde los tres metros de altura hasta casos considerados críticos, que alcanzan entre 12 y 20 metros.
“En La Carbonilla no se construye un metro cuadrado más”, afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, al anunciar las clausuras. Desde el Ejecutivo porteño sostienen que las edificaciones realizadas sin autorización representan un peligro para quienes viven en ellas y no cumplen con la normativa urbanística vigente.
Más controles sobre el ingreso de materiales
Las clausuras forman parte de una serie de medidas que la Ciudad comenzó a implementar en La Carbonilla. El Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) dispuso la elaboración de un “Protocolo para el Ingreso, Registro, Control y Autorización de Materiales de Construcción”, que contempla controles coordinados entre distintas áreas gubernamentales y la Policía de la Ciudad.
El objetivo declarado es restringir el ingreso y el almacenamiento de materiales que puedan destinarse a nuevas edificaciones en altura. Los operativos también incluyen controles en los accesos al asentamiento, inspecciones comerciales y el retiro de vehículos abandonados y chatarra.
En el procedimiento participaron más de 100 agentes policiales, junto con personal de Desarrollo Humano, la Agencia Gubernamental de Control, el IVC, Fiscalización, Higiene y la Comuna 15.
Un barrio con más de 4.000 habitantes
La Carbonilla se desarrolló a comienzos de la década del 2000 sobre terrenos nacionales ubicados junto a las vías del ferrocarril San Martín, en un sector delimitado por Perú, Manuel Trelles, Añasco y Espinosa. Actualmente, de acuerdo con datos difundidos por el Gobierno porteño, supera los 4.000 habitantes.
Con el paso de los años, las primeras viviendas precarias fueron dando lugar a edificaciones de varios pisos. Ahora, el Gobierno porteño apunta a detener ese crecimiento vertical mediante mayores controles sobre las obras y sobre la comercialización e ingreso de materiales.
La estrategia ya fue aplicada en la Villa 31 de Retiro, donde la Ciudad informó que cerró seis corralones, clausuró 25 construcciones y demolió diez edificaciones consideradas no permitidas.
Las nuevas clausuras en La Carbonilla profundizan así la política anunciada por la gestión porteña para limitar las construcciones irregulares dentro del asentamiento, una medida que también abrió el debate sobre la situación habitacional y el proceso de urbanización del barrio.
Críticas desde la oposición
Sectores opositores y organizaciones sociales cuestionaron el operativo y sostuvieron que la prohibición de ingresar materiales puede dificultar incluso reparaciones necesarias dentro de las viviendas.
También plantearon que exigir el cumplimiento de determinadas condiciones edilicias resulta difícil en barrios que todavía no cuentan con la totalidad de la infraestructura y los servicios urbanos.
Una de las voces críticas fue la legisladora porteña Victoria Freire, de Fuerza por Buenos Aires, quien reclamó obras y una mayor presencia del Estado para mejorar las condiciones de vida de los habitantes. “Los vecinos de La Carbonilla necesitan obras, acceso a todos los servicios públicos, integración social y urbana”, expresó la legisladora en sus redes sociales. Además, cuestionó el accionar del GCBA y de la Policía durante los controles.
Desde estos sectores consideran que la respuesta debería concentrarse en acelerar los procesos de urbanización y no solamente en reforzar la fiscalización de los accesos.
El debate por el crecimiento de los barrios populares
El Gobierno porteño, en cambio, viene defendiendo una política destinada a impedir nuevas ocupaciones y construcciones irregulares. La administración de Jorge Macri sostiene que el control resulta necesario para evitar que los asentamientos continúen expandiéndose mientras avanzan los distintos procesos de integración.
La situación de La Carbonilla vuelve así a abrir una discusión que atraviesa a varios barrios populares porteños: cómo compatibilizar el control sobre nuevas edificaciones con la necesidad de mejorar viviendas existentes y garantizar servicios básicos.
Mientras el Ejecutivo refuerza los controles, los vecinos del asentamiento continúan reclamando que se concrete el proyecto de urbanización y que las restricciones no se conviertan en un nuevo obstáculo para mejorar las condiciones habitacionales del barrio.
