La Defensoría del Pueblo exhorta a respetar la autonomía de la Ciudad
El organismo señala que la implementación del “Protocolo de Mantenimiento del Orden Público» dictado por el Ministerio de Seguridad de la Nación vulnera la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
La Defensora del Pueblo de CABA, María Rosa Muiños, inició una actuación de oficio solicitando información a los Ministerios de Seguridad de Nación y Ciudad sobre «el desmedido operativo desplegado ante la concentración de distintos movimientos sociales, el pasado 20 de diciembre en el microcentro porteño». señala.
El organismo indica que la implementación del “Protocolo de Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de las Vías de Circulación”, dictado por la cartera que lidera Patricia Bullrich. vulnera la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires ya que esta cuenta con leyes e instituciones que establecen y regulan los criterios generales de actuación de las fuerzas de seguridad locales.
Se destaca que la Ley de Seguridad Pública especifica, entre otras cuestiones, «que en concentraciones o manifestaciones debe garantizarse la protección de los derechos de los participantes, siendo el Ministerio Público Fiscal la autoridad que tiene competencia para impulsar sanciones para quien impida u obstaculice la circulación de vehículos por la vía pública».
La Defensoría, en su carácter de órgano de control de la Ley de Protección de Datos Personales, sostiene que la recopilación y almacenamiento de datos sensibles de las organizaciones y de los participantes no avalados por orden judicial, colisiona con lo estipulado por la mencionada norma.
Destacan que «la intervención de fuerzas de seguridad federales en zonas de exclusiva jurisdicción local deben ser requeridas de manera expresa por las autoridades del GCBA».
Por todo esto, la Defensoría del Pueblo insta a: «respetar la autonomía de la CABA; respetar el derecho a la integridad y la privacidad de las personas manifestantes; asegurar el adecuado monitoreo de las intervenciones de las fuerzas de seguridad por parte de los organismos de control; garantizar el derecho a la libre circulación; garantizar el cumplimiento de las garantías constitucionales y de los derechos humanos», expresaron.
