La IGJ pidió la disolución de la empresa de grúas Dakota SA que brindaba servicios en CABA
La firma es cuestionada por la Inspección General de Justicia por no presentar los estados contables, ni registrar pago de tasas, en el período 2018-2022, en violación al artículo 19 de la Ley de Sociedad Comerciales. La empresa Dakota SA, es controlada por Marcelo Violante.
La Inspección General de Justicia (IGJ) solicitó la nulidad de la sociedad comercial «Dakota S.A.», exconcesionaria del servicio de grúas en la ciudad de Buenos Aires, por los «graves y reiterados» incumplimientos a las normativas vigentes.
«Dakota» brindó el servicio de acarreo de autos mal estacionados en Buenos Aires hasta fines de septiembre, junto a la firma «BRD S.A.I.C.F.I.», y ahora está siendo cuestionada por no haber presentado los estados contables, ni haber pagado tasas, en el período 2018-2022.
Con el fin de hacerse de esos documentos contables, la IGJ se presentó en el domicilio declarado por «Dakota» a principios de enero y los inspectores no encontraron señal alguna de la empresa, aunque días después se presentó una empleada del estudio «Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen» con registros incompletos de las actividades de la firma.
Asimismo, la IGJ detectó una transferencia de competencias al accionista Marcelo Violante, quien desde hace 20 años es el «controlante exclusivo de Dakota S.A.», percibiendo una remuneración «muy superior a la de los restantes directores».
La IGJ, en la presentación de 78 páginas a la que tuvo acceso hoy Télam, destacó que en 2014 la empresa cobraba 350 pesos para liberar el vehículo secuestrado mientras que a fines de 2022 se cobraba 6.525 pesos, en tanto que el canon que pagaba la empresa no se movió nunca de 55.000 pesos.
Por todo ello, la IGJ invocó el artículo 19 de la Ley de Sociedad Comerciales, que establece que «cuando la sociedad de objeto lícito realizare actividades ilícitas, se procederá a su disolución y liquidación a pedido de parte o de oficio», para solicitar la disolución de la firma a la justicia.
La resolución lleva el número 94 y está firmada por el subinspector General de Justicia, Manuel Cuiñas Rodríguez.
