Proponen una ley para garantizar la educación y formación de personas con discapacidad mayores de 22 años

Proponen una ley para garantizar la educación y formación de personas con discapacidad mayores de 22 años

El Proyecto busca abrir oportunidades de educación y capacitación permanente para quienes hoy, al superar los 22 años, quedan fuera del sistema educativo tradicional.

En un paso hacia la ampliación de los derechos educativos, se presentará un proyecto de ley que propone la creación de un Programa de Educación Permanente para Personas Adultas con Discapacidad con el fin de garantizar el acceso a una educación inclusiva y de calidad para mayores de 22 años.

Los legisladores, Maru Bielli y Juan Manuel Valdes (Unión por la Patria) son los autores del proyecto con el acompañamiento de una lucha de años del colectivo “Unidxs por la Educación Especial”.

La iniciativa parte del desamparo que sienten muchas familias cuando en 2022, como contara este medio, se redujo la jornada educativa en la Ciudad, y, una vez alcanzados los 22 años de edad, muchas personas con discapacidad enfrentan una falta de alternativas de formación.

«Las familias la están pasando muy mal, necesitamos la ayuda de todos», señaló a este medio, Leonor Luna, docente jubilada de la Escuela Especial N° 21 «Rosario Vera Peñaloza», Villa Pueyrredón.

Y agrega «Muchos de nuestros chicos no tienen asistencia médica, ni medicamentos y están yendo a centros de día pero los mayores de 22 se quedaron sin escuela ya que los talleres que existen apenas pueden ir cinco chicos y la pasan mal. Por eso necesitamos recuperar lo que es digno para ellos junto con las pensiones. Suben al colectivo y les piden hasta el grupo sanguíneo para demostrar que tienen el CUD, ¿te parece eso?», cuenta con tristeza Leonor.

Proyecto de Ley

El proyecto designa al Ministerio de Educación de la Ciudad, a través de sus áreas de Educación Especial y de Educación del Adulto y el Adolescente, como autoridad de aplicación. La iniciativa se enmarca en los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con jerarquía constitucional en Argentina desde 2014 y busca eliminar las barreras físicas, comunicativas y sociales que aún limitan la plena inclusión educativa.

La norma pretende “abrir nuevas trayectorias, con apoyos adecuados y adaptaciones” para que puedan continuar aprendiendo, capacitarse y participar activamente en la vida social, cultural y productiva.

Desde el ámbito de la educación inclusiva se subraya que esta propuesta no solo responde a una carencia actual, sino que también se alinea con el derecho a la educación de todas las personas, sin importar su edad o condición.

Ejes del programa

El proyecto organiza la formación en cuatro áreas educativas específicas:

  • Gestión laboral: capacitación y desarrollo de habilidades para la inserción en el mercado de trabajo, con acreditación de saberes.
  • Desarrollo personal: enseñanza de habilidades para la vida diaria (autonomía, cuidado personal, manejo del dinero, transporte, tareas domésticas).
  • Área expresiva: formación artística y deportiva para estimular la creatividad, la integración y la salud.
  • Área social: actividades recreativas y de reflexión que fortalezcan la participación, el trabajo grupal y el bienestar emocional

Principales disposiciones

  • Acceso equitativo: se eliminarán barreras físicas y comunicativas que impidan la participación de personas con discapacidad.
  • Adaptaciones curriculares: se dispondrán apoyos humanos, tecnológicos y pedagógicos adecuados.
  • Capacitación docente: se promoverá la formación continua del personal en accesibilidad, diversidad y metodologías inclusivas.
  • Evaluación y seguimiento: se crearán mecanismos para monitorear la calidad y efectividad del programa.
  • Articulación comunitaria: se fomentará el trabajo conjunto con escuelas, actores barriales y organizaciones civiles.
  • Presupuesto: los fondos provendrán del presupuesto general de la administración gubernamental

Justificación del proyecto

El proyecto busca cubrir una vacancia existente: hoy, muchas personas con discapacidad que egresan de escuelas especiales no tienen opciones de formación posterior.
La ley apunta a transformar ese vacío en una oportunidad educativa continua, garantizando la inclusión y la participación social de adultos con discapacidad.

Esta podría ser una buena oportunidad para que la formación deje de ser algo limitado a edades, y se convierta en un recurso abierto a lo largo de toda la vida de las personas con discapacidad.

Reclamo por la aplicación de la Ley de Emergencia de Discapacidad

Este viernes en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad, en el barrio de Belgrano, se vivieron momentos de tensión cuando trabajadores, familias y organizaciones del sector se manifestaron para exigir la aplicación urgente de la ley de emergencia en discapacidad, aprobada por el Congreso pero todavía sin instrumentar.

El reclamo comenzó al mediodía, pero la situación se desbordó cuando se canceló la reunión prevista con las autoridades. Cabe recordar que la ANDIS, que depende del Ministerio de Salud, sigue intervenida tras el escándalo que derivó en la salida de su ex titular, Diego Spagnuolo. El actual interventor, Alejandro Vilches, se negó a recibir el petitorio y prometió una reunión recién después de las elecciones.

Un grupo de manifestantes rompió el vallado de seguridad e ingresó al edificio pidiendo ser escuchados y explicando la urgencia de su pedido. Reclamaban: “¡Que bajen las autoridades!”. Una madre desesperada dijo “Que nos reciban, que nos escuchen, que me digan a mí en la cara por qué mi hijo no puede tener su terapia completa”, y agregó entre llantos «Nos vuelven algo que no somos, violentos”.

Una madre desesperada hablaba con los medios y pedía ser recibidos

La Policía de la Ciudad montó un operativo para contener el ingreso, hubo empujones y forcejeos, pero finalmente no se registraron heridos ni detenidos.

Nuevo fallo ordena al Gobierno restablecer las pensiones por discapacidad en todo el país

Tras el episodio, la Justicia le ordenó al Gobierno Nacional restablecer todas las pensiones por discapacidad dadas de baja a partir del 2024 y devolver los montos del subsidio que los beneficiarios no cobraron durante el tiempo que se las suspendieron.

El fallo fue dictado este jueves por el Juzgado Federal N°2 de Catamarca y lo que hace es extender a todo el país la medida cautelar, que en septiembre había emitido en el marco de un amparo presentado por la suspensión masiva de pensiones por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dispuesta por el presidente Javier Milei a través del Decreto 843/2024.

La medida judicial abarca a las pensiones no contributivas por incapacidad laboral y, además, le impone al Ejecutivo que se abstenga de realizar nuevas auditorías y nuevas suspensiones hasta que no exista una sentencia firme.

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