Desalojaron a dos familias de viviendas alrededor de la Plaza Malaver: temen que haya nuevos operativos
El despliegue fue imponente; organizaciones estaban en alerta y habían presentado un proyecto de ley, pero la Ciudad avanzó igual.
En medio de la ola polar y antes del amanecer de este lunes 10 de agosto, Villa Ortúzar se vio sorprendida por un fuerte operativo de desalojo. El mismo se concentró en inmuebles ubicados en Girardot y Heredia, dentro de la manzana de la Plaza Malaver, y dos familias debieron dejar las viviendas que ocupaban hace más de dos décadas. Semanas atrás, vecinos y organizaciones del barrio se habían declarado en alerta ante esta posibilidad, y habían presentado un proyecto de ley, impulsando la integración socio urbana, pero el Gobierno de la Ciudad avanzó de igual manera, argumentando que «estaba tomado». Por eso, temen que en los próximos días se replique la medida en otras de las casas involucradas.
El despliegue de camiones y el personal de la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Ciudad, así como efectivos de la Policía de la Ciudad, despertó a los residentes de la zona. La calle Girardot fue cortada al tránsito, se formó un cordón policial y se improvisó un vallado de plástico que impidió la circulación. Poco después, miembros de la fuerza policial irrumpieron con escudos en uno de los ingresos al inmueble de Girardot 1424, para ordenar el desalojo.
Allí vivían dos familias, que debieron retirar sus elementos desde sillones hasta macetas, sillas y colchones. También funcionaba una carpintería, por lo que asimismo, se llevaron las máquinas y otros elementos que utilizaba uno de los moradores como rebusque económico. A pesar de la imponencia del operativo, no hubo resistencia de los desalojados, y todo se produjo en una relativa calma.
En total, eran ocho las familias que vivían sobre los inmuebles de Girardot linderos con la Plaza Malaver. Allí se encuentran hace décadas, después de que la entonces Municipalidad de Buenos Aires expropiara distintas viviendas para la creación de la plaza, en los años 40. En abril de este año, con el endurecimiento de la política de desalojos del Gobierno de la Ciudad, informado por este periódico, habían sido alertados de que debían irse de los respectivos lugares. Ante eso, se produjo una movilización de organizaciones vecinales, como «El Galpón de Ortúzar», que se declararon en alerta y realizaron un festival en mayo para visibilizar la situación.
En paralelo, presentaron en la Legislatura porteña el proyecto de ley formalizado bajo Expediente 1532-P-2026 y la adhesión de los legisladores Delfina Velázquez y Juan Modarelli (Fuerza por Buenos Aires), impulsando la integración socio urbana de las viviendas afectadas a esta manzana de Villa Ortúzar. Esta política fue la implementada en zonas como el Barrio Playón de Chacarita, el Barrio Rodrigo Bueno y otros puntos de la Comuna 15, como los inmuebles del Sector 4 de la traza de la ex AU-3.
Como informó este medio en su momento, el objetivo principal de la integración socio urbana es que el Gobierno de la Ciudad ofrezca a los ocupantes la posibilidad de comprar estos inmuebles, mediante créditos blandos del Banco Ciudad, «priorizando el acceso a la vivienda digna y definitiva». Así, se evitaba el desalojo y se regularizaba la situación de las familias afectadas. Pero a pesar de la existencia de esa iniciativa, la administración de Jorge Macri siguió con su idea original y llevó a cabo el desalojo este lunes.
Ahora, la principal preocupación de los residentes pasa por la posibilidad de que la medida se replique en las otras viviendas de la manzana de la Plaza Malaver, tanto sobre Girardot como en el otro extremo de Montenegro y Estomba, donde todavía hay seis familias en total viviendo en similares condiciones. Por eso, desde media mañana se formó una «guardia» de vecinos/as para alertar por cualquier movimiento en esa dirección.
La Ciudad defiende el operativo: «24 años tomado»
Este periódico se contactó con el área de Jefatura de Gabinete el Gobierno porteño para dar cuenta de su versión de los hechos. Desde el organismo, encabezado por Gabriel Sánchez Zinny, plantearon que «el inmueble pertenece a la Ciudad, y está usurpado ilegalmente desde que se venció la concesión en el año 2002». «Después de 24 años, se lo recuperó», enfatizaron.
