Vecinos y organizaciones frenaron un desalojo en la traza de la ex AU-3 en Villa Ortúzar
Se ampararon en la Ley 6769, sancionada en 2024, que fijó un protocolo para la relocalización de quienes viven en estos inmuebles.
Un intento de desalojo en la traza de la Ex AU-3 fue frenado por vecinos y organizaciones vecinales de Villa Ortúzar. El hecho ocurrió en la mañana de este martes 21 de julio, en medio de la llovizna y el día gris, y terminó horas después, con el retiro del personal y los vehículos que habían sido desplegados, al punto de cortar por completo la calle Holmberg, esquina Giribone. Ante los primeros movimientos, residentes de la zona se contactaron y se ampararon en la normativa vigente para impedir la medida.
Todo se dio en Holmberg 1351/1355, un inmueble donde viven dos familias e integra la traza de la extinta AU-3, dentro del denominado «Sector 4», que es el que todavía no vivió las transformaciones que sí tuvieron los terrenos expropiados y demolidos en los años ´70 que cambiaron su imagen. Cuando todavía era de noche, se cortó el tránsito de esta calle con la «cinta de peligro» y se desplegó personal de la Comisaría 15C de la Policía de la Ciudad, funcionarios porteños y un camión celular de gran porte de la Infantería de dicha fuerza.
Los principales representantes de la administración de Jorge Macri fueron Jerónimo Penjerek, perteneciente a la Jefatura de Gabinete porteño, y el arquitecto Gustavo Miguez, Coordinador de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencia. El despliegue y la presencia de estos funcionarios, así como los vehículos policiales, activaron un aviso interno entre vecinos/as, que se trasladó a organizaciones vecinales, principalmente «El Galpón de Ortúzar», de gran activismo en el barrio, y «La Cámpora».
Juan Martín Chippano, uno de los referentes de este espacio, comentó a este periódico cómo se organizó la respuesta. «Cerca de las 7 de la mañana, vecinos de la traza de la ex AU-3 nos avisaron que había un operativo policial. Allí observaron a un arquitecto que querían hacer un informe por las condiciones edilicias de la vivienda, lo que nos hizo dar la pauta de que lo que venía es lo que ya están haciendo en otros lugares: usar un acta de peligro de derrumbe para desalojar de hecho a las familias que viven ahí. Lo que sigue en esos casos es, con el documento firmado, aunque no exista tal peligro, se saca a la gente y se tapia la vivienda», explicó.
Lo cierto es que los vecinos de la zona están «alertas» ante cualquier intento de desalojo. «Saben que es una de las pocas políticas que tiene Jorge Macri, así que ni bien llegó el aviso, salimos a frenarlo», siguió Juan Martín. Ante eso, precisaron que estos inmuebles están comprendidos en la Ley 6769, aprobada en 2024 tras una larga lucha vecinal y el trágico incendio de 2023, la cual determinó que las familias que viven en estos inmuebles forman parte del programa de recuperación social y urbana. Y al mismo tiempo, suspende los desalojos hasta que se efectivice la incorporación, o no, de ellos, a través de la Unidad Ejecutora.
«Los vecinos, al tanto de la ley, y con la movilización de muchos de nosotros, insistieron en que se estaba violando la misma, y recordaron que hay hasta un proceso judicial en uno de los inmuebles que suspendió un desalojo anterior. Entonces, poco después, a los funcionarios presentes les dieron la instrucción de levantar el operativo», resumió Juan Martín. Al respecto del proceso judicial, este periódico había dado cuenta en junio pasado.
En el primer semestre del año, se había hecho sentir la avanzada del Gobierno de la Ciudad en su política de desalojos, y en mayo se había realizado una convocatoria para frenar los desalojos que los vecinos consideraban inminentes en torno a la Plaza Malaver. El asunto es uno de los que más moviliza al activismo barrial en Villa Ortúzar, junto a Chacarita, uno de los barrios donde más rezagada está la reparación de la traza de la ex AU-3, a pesar de que pasaron casi cincuenta años del fallido proyecto.
